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La prensa manchada con sangre

Mitre, H.de Noble y Videla inauguran Papel Prensa.

Es estremecedor el testimonio de Lidia Papaleo de Graiver ante la justicia.

Por primera vez se conoce a través de un tribunal de la justicia argentina, la historia de la apropiación de la empresa Papel Prensa por parte de tres diarios: Clarín, La Nación y La Razón, en complicidad con la última dictadura militar.

Es de no creer el ensañamiento contra las personas que puede provocar la codicia. La viuda de Graiver, poseedora de la mayor parte de las acciones fue obligada a venderlas a precio vil mediante amenazas de muerte. Ella contó ante los jueces cómo el mandamás del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, la amenazó de muerte a ella y a su hija de dos años, en 1976, si no le vendía las acciones. Y el miedo que le provocó y le provoca aún recordar esa mirada fría y amenazante de quien es hoy uno de los mayores poderes de la Argentina.

Después vino el secuestro de toda la familia Graiver y los ex directivos de Papel Prensa, y para Lidia las violaciones, las torturas, el tumor cerebral provocado por los golpes en la cabeza, las acusaciones de “impura” por haberse casado con un judío (pensar que todavía hay católicos que guardan tanto odio en su corazón), el robo de las acciones de Graiver en el diario La Opinión. Luego los años de cárcel y las amenazas constantes para que no hablara, que la siguen hasta hoy, cuando ‘altos personajes”, contó, le siguen diciendo: “hacé tu vida, no denuncies más”.

Es triste, es inaudito, pero lo peor es el silencio. El silencio de los grandes medios que ocultan estas y otras informaciones. Porque se trata de grandes empresas periodísticas que luchan por defender sus privilegios, por acrecentar sus ganancias. Pero hay que aclarar, estos no tienen nada que ver con el periodismo ni con los periodistas.

Sus periodistas son empleados a sueldo que tienen prohibido preguntar por Papel Prensa, por la verdadera identidad de los hijos irregularmente adoptados de Noble, por los despidos en Perfil, o las negativas de Clarín y Canal 13 de reincorporar a los despedidos de los últimos años, a no hablar de las agresiones a los periodistas de canal 7.

A estos empleados periodistas los obligan a gritar en los noticieros, a atacar al gobierno y a los jueces que están descubriendo sus delitos. ¿Acaso son culpables de mentir para conservar sus trabajos? La mayoría no, hasta tienen miedo de no poder trabajar nunca más, de perder muchos privilegios a los que ya se acostumbraron. Los verdaderos culpables son los empresarios de prensa, que ni siquiera son periodistas, que obligan a ocultar, mentir y desinformar a la población para defender sus intereses particulares. Por suerte, todavía quedan algunos, mucho más independientes, comprometidos con la verdad y con la información veraz, no parcializada.

El lector sabrá reconocerlos en la medida en que haga un esfuerzo por pensar un poco antes de aceptar ciertas frases hechas o supuestas verdades. Y la justicia está haciendo mucho en ese camino. El semanario Prensa Libre estaría orgulloso de que sus lectores lo incluyeran en este último grupo.

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junio 1, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , | Deja un comentario

Rotemberg, Graiver y los años de plomo

Abrasha Rotenberg (casado con la cantante Dina Rot y padre de la actriz Cecilia y del músico Ariel), colaboró con Jacobo Timerman desde los inicios del diario La Opinión, más que nada en aspectos económicos, y hasta llegó a dirigirlo por algunos meses. Después del golpe de 1976 se fue a vivir a España donde, entre otras actividades, en 1998 escribió un libro, “Historia confidencial” (Sudamericana 1999), donde ofrece su visión de los sucesos vividos en la Argentina entre 1970 y 1977, y pormenores de la actividad de La Opinión.

Entre diálogos con importantes protagonistas de la época y entretelones poco conocidos de esos años, el libro detalla su relación con David Graiver y cuenta los sucesos que derivaron en el secuestro, detención y muerte de los miembros del grupo.
Un testimonio poco recordado, pero que por estos días coincide con la oscura historia de Papel Prensa.

En un capítulo donde deshecha la acusación de la dictadura sobre el origen de los fondos de La Opinión, recuerda la acción de la Conarepa “un organismo inventado ad hoc para apoderarse de patrimonios de origen ilícito, confiscaron nuestros bienes personales, nos inhibieron de disponer de ellos, se apropiaron de las acciones de ambas sociedades, determinaron nuestra ruina económica y ejercieron toda clase de arbitrariedades para perjudicarnos”.

Relata luego cómo “con la excusa prefabricada de supuestos vínculos financieros con la guerrilla”, fueron encarcelados: “Jacobo Timerman (3 años); Isidoro Graiver, hermano de David, totalmente desvinculado de sus negocios, y Lidia Brodski, su esposa (cuatro años); Lidia Papaleo, viuda de David Graiver (que había fallecido en agosto de 1976), cuatro años; los padres de David e Isidoro, los suegros de Isidoro… La lista creció con el encarcelamiento de numerosos funcionarios o colaboradores de las empresas Graiver, amigos personales y otros damnificados incluidos por error o malicia. Todos fueron reiteradamente torturados y humillados con crueldad y alevosía.”

Y este importante testimonio, del que todavía no se habló demasiado, prosigue con los asesinados: “La lista es amplia, pero solo voy a nombrar a dos como símbolos dolorosos y cercanos de una experiencia cruel. El primero Edgardo Sajón, secuestrado por sospechoso de representar imaginarios nexos entre La Opinión y un sector del ejército, asesinado bajo tortura; el segundo el doctor Jorge Rubinstein, asesor legal de David Graiver, quien ingenua y voluntariamente se presentó ante las autoridades para dar explicaciones sobre los negocios de su cliente, muerto durante una sesión de tortura.”

Hoy, dice Rotemberg en 1998, los funcionarios de la Conarepa, los torturadores y los militares que encarcelaron a inocentes, circulan libremente por las calles. “El jefe del comando que secuestró a los Born, el ex líder juvenil Jorge Galimberti, y Jorge Born, uno de los hermanos secuestrados (también vendrían los negocios con Susana Giménez y el condenado padre Grassi), se estrechan en cálidos abrazos sobre las tumbas de David Graiver, Edgardo Sajón, Juan Graiver, Enrique Brodski, Jorge Rubinstein, y tantas víctimas derivadas del secuestro, mientras planean negocios lucrativos ante la mirada del establishment que los ha aceptado, o calla.”

Luego de señalar las “delirantes fantasías de un sector antisemita de las FF.AA. (que) inventaron supuestos planes del judaísmo internacional para apoderarse del país”, concluye el capítulo con un párrafo que, hasta estos días era la triste realidad: “Todos contemplaron la injusticia en absoluto silencio, algunos por conveniencia, otros por cobardía, la mayoría por pasiva complicidad.”

septiembre 3, 2010 Posted by | Comunicación | , , , , , , , , | Deja un comentario

Diario La Arena de La Pampa: no todos fueron cómplices

En Santa Rosa, La Pampa, se inició esta semana el juicio por delitos cometidos durante la dictadura militar en el ámbito de la Subzona 14.

¿Por qué puede interesar en particular a un periódico local como Prensa Libre? Sencillamente porque refrescó un caso casi paradigmático. Más allá de significar un paso más en la lucha contra la impunidad, dio pie para que el primer testimonio fuera el del director del diario LA ARENA, Saúl Hugo Santesteban, una de las víctimas del terrorismo de Estado en esa provincia. Él pudo recordar las presiones, los hechos de censura y los secuestros que tuvieron que soportar en el diario, y cómo, a pesar de ello, nunca cedieron a publicar las versiones que les mandaban los gobernantes de facto, como sí lo hicieron, por ejemplo, La Nación, Clarín, Gente o Siete días, entre otras publicaciones.

Si ellos pudieron resistir con dignidad en medio de un clima de terror, ¿qué hubiera pasado si los grandes medios de la capital se hubieran negado a mentir y hubieran hecho conocer los secuestros, los asesinatos, los robos de bebés ante el mundo? ¿Hubiera podido resistir la dictadura?

Para quien le interese, este es un resumen del hecho mencionado que envió Argenpress y que aquí se da a conocer:

“Durante el relato, recordó cuando estuvo detenido en la Colonia Penal con un ex diputado provincial al que lo habían torturado. Y rememoró los dilemas que tuvo como periodista en una época de terror, de autocensura impuesta por un clima de opresión en un país donde las autoridades no respetan ni las ideas ni las vidas, donde había diarios en los que estallaban bombas o le secuestraban cronistas únicamente por el contenido de sus artículos. Ambos tipos de agresiones debió sufrir LA ARENA no sólo durante la dictadura sino en el período previo bajo un régimen constitucional.

(…)

En un marco de terrorismo de Estado y medios censurados o complacientes con el régimen dictatorial o directamente cómplices, LA ARENA sostuvo una línea histórica por lo cual, ya en 1975, fue blanco de ataques de los grupos autoritarios. No hace falta remontarse a la década de los años ’60 cuando reclamaba por los presos políticos que llegaban a la Colonia Penal bajo el Plan Conintes o por las razzias que detenían a militantes locales. Entre ellos el director y periodistas del diario.

Ya en los ’70 su línea crítica le valió amenazas de grupos identificados como la Triple A, que se hicieron efectivas cuando estalló una bomba en su sede de la calle 25 de Mayo. En noviembre de 1975, el periodista Raúl Celso D’Atri, hijo del entonces director, fue detenido y pasó varios años en cárceles de máxima seguridad. En esos días se le pidió desde estas páginas al temible coronel Camps que respete a los detenidos y que fueran llevados ante la justicia si habían cometido un delito, pero que el Ejército no dispusiese a su gusto de su destino. También publicó las listas de detenidos y sus traslados, para llevar tranquilidad a los familiares y darles el amparo de la publicidad de sus destinos, información que no publicaron los otros medios locales.

El 24 de marzo de 1976 fue el turno de Saúl Santesteban de ir a la cárcel. A pesar del marco de terror, hubo una rendija para reclamar. LA ARENA no se sumó a la propaganda prodictatorial como otros medios nacionales. En cambio, y como contados casos -entre ellos La Opinión de Trenque Lauquen-, continuó difundiendo las listas de detenidos y reclamó en la tapa del diario por la libertad de dos periodistas -el citado Raúl D’Atri y Nelson Nicoletti- el mismo día que Videla llegaba a la provincia. Además lanzó cuando pudo campañas para la liberación de los secuestrados, como el caso de una reconocida bioquímica secuestrada en La Plata en esos años. El castigo de la clausura también le llegó a este diario bajo la dictadura por publicar información clasificada como “no conveniente” por los censores de aquellos años.

Cuando las agencias informativas hacían llegar noticias previamente observadas por los militares y en muchos casos fraudulentas, LA ARENA se negó a utilizar el vocabulario procesista con palabras como “delincuentes subversivos” o “terroristas” para calificar a las víctimas de los pseudo-atentados. Y desde 1977, la palabra “desaparecidos” y “derechos humanos” comenzaron a ser publicados en los primeros reclamos por las víctimas de una dictadura cuando pocos medios se animaban a utilizar esas palabras.

Si el lunes el relato de su director no pudo abarcar todas las agresiones que sufrió este diario y sus periodistas fue sólo por falta de tiempo, y por no ser esta historia el caso central de lo juzgado.

Pero ahí está la colección de LA ARENA para brindar el mejor testimonio de lo ocurrido aquellos años.”

LA ARENA se puede leer en Internet en http://www.laarena.com.ar

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agosto 5, 2010 Posted by | Comunicación | , , , , , , | Deja un comentario

Memoria de libros quemados y prohibidos

“Donde los libros son quemados, al final también son quemados los hombres.”
Enrique Heine

El 29 de abril de 1976, Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, ordenó una quema colectiva de libros, entre los que se hallaban obras de Proust, García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, Saint-Exupéry, Galeano… Dijo que lo hacía “a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas… para que con este material no se siga engañando a nuestros hijos”. Y agregó: “De la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina”. (Diario La Opinión, 30 de abril de 1976).

Boris Spivacow
La plaza ubicada en la esquina de Las Heras y Austria, en la Ciudad de Buenos Aires, lleva el nombre del fundador de CEAL, que durante la dictadura sufrió la quema de un millón y medio de ejemplares.Además de ser gerente de Eudeba durante ocho años y fundador del Centro Editor de América Latina (CEAL) –dos sucesos editoriales inigualables en la historia–, José Boris Spivacow resistió con las armas de la cultura a la nefasta dictadura que le quemó un millón y medio de ejemplares.

Durante la inauguración de la plaza, el 22 de marzo de 1976, el presidente de la Cámara Argentina del Libro, Hugo Levín, dijo: “El vínculo de Boris con los libros era absoluto, su compromiso era total y desde ese punto de vista no hay mejor lugar de la ciudad de Buenos Aires que le quede mejor a Boris que esta plaza pegada a la Biblioteca Nacional.”
“Una cosa fundamental que hizo Boris es que exprimió el pliego del papel a un límite que yo creo que debe ser record mundial” y que sólo por eso “ya merecería un Premio Nobel”, sostuvo Aníbal Ford. Graciela Montes rescató la figura del editor subrayando que “respetaba mucho a los lectores y era muy crítico de los otros editores. No era nada corporativo y, en realidad, se enojaba cuando los otros editores hacían libros caros o de cualquier manera”.

Quema de libros
Una de las tantas atrocidades que cometieron los militares y sus cómplices civiles fue la quema de libros que no comenzó en la Argentina del ’76 pero que en el marco de esa política represiva fue para el Proceso una práctica “purificadora” del ser nacional. También hubo otros fuegos que encendieron quienes temían una represalia por tener una biblioteca que los inquisidores podían calificar como “subversiva”. Otro recurso fue tirar libros en inodoros y pozos ciegos o el enterramiento como destino de la literatura y la prensa que podía servir como pretexto para un operativo. Con la democracia los hijos de aquellos jóvenes lectores de los setenta se enteraron que aún estaban escondidas aquellas bolsas con los ejemplares olvidados junto a la higuera del fondo de la casa. Destruidos por la humedad o convertidos en cenizas, los libros vuelven a las bibliotecas como los cuerpos a la playa después de los vuelos de la muerte. ”

Un golpe a los libros” (2002), de Hernán Invernizzi y Judith Gociol mostró la trama del aparato represivo en la cultura. Invernizzi asegura que la dictadura militar tuvo un plan concreto y aclara: “no significa que se trataba sólo de un plan de destrucción. Era un proyecto de control, censura y producción de cultura tanto en la educación como en la cultura y la comunicación”.Allí se cuenta, por ejemplo, que en julio de 1974 un grupo comando entró al taller gráfico donde Eudeba imprimía parte de sus libros al grito de “¿Dónde está El marxismo de Lefebvre?” Antes que el imprentero Polosecki pudiera dar una respuesta prendieron fuego un sector, pero en el apuro los asaltantes se equivocaron de libro.

En julio de 1976 fue designado director ejecutivo de Eudeba el político socialista Luis Pan, quien le entregó al Comando del Iº Cuerpo de Ejército parte del fondo editorial con los libros censurados. El 27 de febrero el teniente primero Xifra dirigió el operativo que terminó con la quema de casi noventa mil volúmenes en el predio de Palermo. Rogelio García Lupo vio cuando los soldados cargaban los camiones con los ejemplares de su gestión. “Pan fue quien llamó al Ejército y puso en sus manos toda esa ‘literatura pecaminosa’. El temía que alguien dijera ‘¡pero este Pan también es socialista.!’ Con esa operación compró protección, fue como una prueba de amor”.

En Córdoba el interventor de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, teniente primero Manuel Carmelo Barceló, sacó de la biblioteca y mandó a incinerar títulos de Margarita Aguirre, Pablo Neruda y Julio Godio, entre otros.

En la misma provincia, el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Jorge Eduardo Gorleri (luego ascendido a general por el gobierno de Raúl Alfonsín), exhibió en conferencia de prensa una hoguera en el patio de la unidad militar, avivada por libros de León Trotsky, Mao Tse-Tung, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Juan Domingo Perón y fascículos del Centro Editor de América Latina (CEAL) que robó de las bibliotecas y librerías.

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los militares usurparon la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, que tenía 55.000 volúmenes en circulación y 15.000 en depósitos, a principios de la década del setenta. El 25 de febrero de 1977 ocho miembros de su Comisión Directiva fueron detenidos ilegalmente y su control de préstamos bibliográficos utilizado para investigar a los socios. Miles de libros de la entidad fueron quemados, por ejemplo seiscientas colecciones de la obra completa del poeta Juan L. Ortíz.

El periodista y escritor Mempo Giardinelli sufrió las consecuencias de la pasión ígnea de los militares: su primera novela fue quemada junto a una de Eduardo Mignogna. Enrique Medina fue uno de los más prohibidos. Fue sistemáticamente perseguidos por la censura, desde antes de la dictadura e incluso antes.

En 1978 las autoridades retuvieron en la aduana Evita, una biografía de Marysa Navarro que más tarde pudo ingresar al país por la intervención de Dardo Cúneo, por entonces presidente de la Sociedad Argentina de Escritores.

Hubo editores que decidieron destruir los materiales que eran prohibidos. Es el caso de Granica: “varios de los libros de sello fueron prohibidos. Entre ellos La pasión según Trelew, de Tomás Eloy Martínez que fue uno de los primeros títulos de los que la propia editorial decidió deshacerse. Esa es la cara más perversa del terror: ya no los libros que el régimen quemaba sino los que se eliminaban por propia decisión”, describen los autores de Un Golpe a los libros.

De la imprenta a la fábrica de papel sin pasar por librerías fueron por lo menos diez títulos, no menos de 20.000 volúmenes, entre ellos Correspondencia Perón-Cooke. La quema de libros más grande que concretó la dictadura fue con materiales del Centro Editor de América Latina, el sello que fundó Boris Spivacow quien además tuvo un juicio “por publicación y venta de material subversivo”. El fue sobreseído, pero el millón y medio de libros y fascículos ardieron en un baldío de Sarandí. Testigos de la quema fueron la profesora Amanda Toubes, directora de la colección La enciclopedia del mundo joven y Ricardo Figueira, director de colecciones del CEAL y autor de las fotografías de aquel 26 de junio de 1978. En 2005 ambos recordaron el clima de aquellos años para un artículo que Aníbal Ford escribió en la revista Lezama: Toubes decía: “en ese momento nuestra mente estaba todavía en el asesinato de Daniel Luaces, en su escritorio vacío. Tantos otros llantos, tantas cosas de las que nos íbamos enterando día a día… que tal vez lo vivimos sólo con una gran tristeza pero también como parte de nuestra cotidianeidad’.

Algo de esto retoma Ricardo Figueira, que casi minimiza el hecho. ‘Lo que era vivir cotidianamente, día a día, con el culo a cuatro manos y dando varias vueltas a la casa antes de entrar’”. Para Ford “esa hoguera de libros argentinos provocó un vacío, un hueco, en la transmisión y en la construcción cultural que todavía no ha sido reparado”.

Otro de los editores perseguidos fue Daniel Divinsky, de Ediciones de la Flor, quien junto a su mujer Kuki Miler fue detenido a disposición del Poder Ejecutivo durante 127 días y luego partió al exilio. Primero fue la censura del libro infantil Cinco dedos. Ya en la cárcel de Caseros, se enteró de la prohibición de Ganarse la muerte, de Griselda Gambaro. Divinsky rememora que trabajar en esa época “era como caminar por la cuerda floja. La prohibición a de la Flor pretendió ser, de alguna manera, una medida ejemplificadora porque se trataba de una editorial independiente. Cuando pasó todo y volvimos del exilio cada día que llegaba a la oficina daba una vuelta a la manzana para ver si había algún patrullero.”

Desde finales de los sesenta Siglo XXI fue una de las editoriales más influyentes en el pensamiento latinoamericano. Con casas en España y México, la sede de Buenos Aires tenía una enorme influencia. Editaba Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano y todos los libros del pedagogo Paulo Freire, entre otros. El 2 de abril de 1976 un grupo de tareas allanó las oficinas de Perú 952 y secuestró al jefe de correctores Jorge Tula y al gerente de ventas Alberto Díaz. La empresa fue clausurada y luego abrió hasta que la casa matriz decidió levantar la sede porteña. Pasaron treinta años y hoy Alberto Díaz es director editorial del Grupo Planeta. “Era muy jodido y triste trabajar en ese ambiente en el que desaparecían correctores, traductores y amigos. Otros se exiliaban o se iban al interior, o eran detenidos. Pero seguíamos trabajando. ¿Por qué? Es algo inexplicable porque el golpe se veía venir pero estabas como anestesiado. Yo estuve desaparecido un mes y pico. Cuando me largan ya me habían cesanteado de la Universidad y volví a Siglo XXI. Me tenía que ganar la vida y no se me ocurría irme. Después de un segundo aviso partí rumbo a Colombia el 24 de agosto del 76.

También hubo otras quemas de libros que hicieron las víctimas de la represión. No era necesario ser militante ni pertenecer a una organización política. El hecho de tener libros considerados “subversivos” o “inmorales” era peligroso.
“La destrucción, el ocultamiento y el enterramiento de libros desde 1974 hizo que las bibliotecas se vayan despoblando.
Otro fenómeno que desapareció fue la lectura en los medios públicos de transporte porque el libro te hacía caer bajo sospecha” reflexiona Díaz, quien incineró algunos libros del Che como Guerra de Guerrillas, periódicos del PRT La Verdad y revistas como Crisis y Militancia.

La escritora Ana María Shua regresa a los días de marzo del 76: “Mi marido y yo no militábamos, pero éramos de izquierda y muchos de nuestros amigos y conocidos desaparecían o se escapaban del país o pasaban a la clandestinidad. Sabíamos que había libros ‘peligrosos’: todo lo que tuviera marxismo o la idea de la revolución social. ¿Por dónde empezar? Empezamos por uno de Vo Nguyen Giap, sobre la Guerra de Vietnam. El intento, en la pileta de la cocina, fue un triste fracaso. No es tan fácil quemar un libro en un departamento de tres ambientes. Decidimos que si entraba un grupo de tareas, daba lo mismo que hubiera este libro o aquel: lo peligroso, lo que nos denunciaba como enemigos era tener una biblioteca. Y abandonamos la idea de quemar libros”.

Vigilantear y buchonear
A principios de 1977, un articulo publicado en la revista Para Ti enseñaba a los padres con hijos en edad escolar como reconocer la infiltración marxista en las escuelas: “Lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario, que aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar ese transbordo ideológico (sic) que nos preocupa. Aparecerán frecuentemente los vocablos: diálogo, burguesía, proletariado, América Latina, explotación, cambio de estructuras, compromiso, etc.
Otro sistema sutil es hacer que los alumnos comenten en clase recortes políticos, sociales o religiosos, aparecidos en diarios y revistas, y que nada tienen que ver con la escuela.Asimismo, el trabajo grupal que ha sustituido a la responsabilidad personal puede ser fácilmente utilizado para despersonalizar al chico.
Estas son las tácticas utilizadas por los agentes izquierdistas para abordar la escuela y apuntalar desde la base su semillero de futuros combatientes.”
El articulo terminaba con un consejo a los padres: “Deben vigilar, participar y presentar las quejas que estimen convenientes”.

Fuente: http://www.elortiba.org/quelib.html

marzo 27, 2010 Posted by | Literatura | , , , | Deja un comentario

Cómo los multimedios se quedaron con “Papel Prensa”

La semana anterior se hablaba sobre Papel Prensa, la fábrica proveedora del papel con que se hacen los diarios y periódicos, y se explicaba que la mayor parte de sus acciones está en manos de dos grupos: Clarín y La Nación, mientras el resto pertenece al Estado nacional. Este monopolio, es claramente limitativo de la igualdad de oportunidades, ya que la provisión del papel y los precios son controlados por sus dueños que, para colmo, se resisten a transparentar los manejos internos de la empresa a sus propios socios (el Estado).

El conocimiento de esos manejos es imprescindible para saber si se incurre en prácticas monopólicas y se perjudica al resto de los diarios y periódicos del país, en beneficio de los socios mayoritarios. El Estado, como socio de la empresa, y como representante de todos los ciudadanos (entre ellos quienes puedan sufrir esas prácticas prohibidas), está obligado a controlar.

Pero claro, siempre existe algún lector que critica al semanario «Prensa Libre» porque está a favor del «control de la prensa por parte del Estado». Y que opina ingenuamente que en un país libre: «cualquiera puede poner una fábrica de papel y hacer competencia…»

Como se sabe, cada cuál lee lo que quiere, y puede opinar lo que quiera, pero lo que ignora el señor es que no se les ocurrió un día a Clarín y La Nación construir una planta de fabricación de papel y la hicieron. En realidad fue un largo proceso que arrancó en la década del ’60, con un impuesto del 10% a la importación del papel para crear un fondo para la planta. O sea, que todos los diarios del país, grandes y chicos, contribuyeron a la empresa (de la que hoy no son dueños), bajo el control del Estado, que no estaba manejado por un soviético, sino por un militar: Onganía.

El crecimiento del proyecto, tampoco se dio bajo un gobierno socialista, sino bajo la presidencia (de facto) del general Lanusse. La mayor parte de las acciones pasaron a manos del señor David Graiver (por acuerdos político-empresariales realizados en 1972) y la planta se termina, ya bajo otra dictadura: la de Videla.

El costo total de la obra se acercaba a los 42 millones de dólares, según anunció el gobierno en 1977 (se decía que había superado ampliamente esa cifra), y las acciones, que estaban en poder de los herederos, pasaron, por «gentileza» de estos a manos del gobierno militar.

Según denunciaron los herederos (Lidia Papaleo era la esposa de David Graiver), fueron detenidos y torturados, como Edgardo Sajón, el jefe de prensa de Lanusse (todavía desaparecido) y Jacobo Timmerman (que había apoyado al golpe), luego liberado.

El trasfondo de estos manejos, como se ve, difícilmente se pueda conocer en su totalidad, pero lo interesante es que en 1977 son convocados, por Videla, los dueños de Clarín, La Nación, La Razón (Peralta Ramos) y La Prensa, para ofrecerles las acciones de Graiver a 8 millones de dólares (buen precio, cuando ya se hablaba de un valor de más de 200)

La Prensa (de Gainza Paz) se niega a participar por razones éticas y todo queda en manos de esos tres medios, que se convierten en dos, cuando Clarín compra La Razón.

¿Por qué se le entrega a bajo precio semejante poder a esos medios? Cada cual puede sacar sus conclusiones, pero acá sí que hubo participación del Estado y nadie se quejó.

Y para que quede claro: ningún gobierno democrático intervino nunca hasta hoy. Sólo existe una investigación oficial, la del fiscal Molinas en 1988, con un dictamen donde se acusa a todos los participantes, incluido el Estado, pero por esas cosas de la vida, después de algunos años, la causa prescribió.

Eso sí, a nadie se le ocurra hablar de estas cosas, porque cuando se critica a los paladines de la libre prensa o se intenta saber si pagan sus impuestos, se está atacando a la libertad de prensa que ellos defienden: sus intereses empresariales.

diciembre 11, 2009 Posted by | Comunicación | , , , | Deja un comentario

Negrito Avellaneda: “No fue en vano la lucha de 33 años”

El adolescente de 14 años asesinado en 1976

El adolescente de 14 años asesinado en 1976

En 1976 Floreal Edgardo Avellaneda, de 14 años, vivía con su familia en Sargento Cabral 2385, de Munro. Iris Pereyra de Avellaneda era su madre, y Floreal Avellaneda, su padre, era delegado de la fábrica textil Tensa, ambos militaban en el Partido Comunista (PC).

El 15 de abril de 1976 «El Negrito», tal como lo apodó su hermana Estela, fue secuestrado con su madre por un grupo de tareas conformado por militares y policías a la usanza de aquella época: los llevaron encapuchados, sin ninguna orden judicial y robaron electrodomésticos de la casa. Buscaban a Floreal padre, que pudo escapar.
El Negrito fue arrojado al Río la Plata, desde un avión y su cuerpo fue encontrado el 14 de mayo de 1976 con muestras de haber sufrido degradantes torturas físicas. Su madre fue alojada en la cárcel de Olmos con evidentes signos de tortura y maltrato (la llamaban «la vieja» y tenía 35 años).
Seis probados represores de la dictadura fueron acusados por estos hechos después de 33 años. Santiago Omar Riveros, Ernesto Verplaesten, Osvaldo Jorge García, Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni; todos ex miembros del ejército; y Alberto Aneto, ex policía en Villa Martelli (otros tres fallecieron con los años).
 
La sentencia
La sentencia sostuvo que quedó probada la existencia de la llamada Zona 4, a cargo del Comando de Institutos Militares, con asiento en Campo de Mayo. Allí fueron llevados Iris y su hijo, donde permanecieron en condiciones inhumanas, luego de pasar por la Comisaría N° 4 de Villa Martelli, donde también los torturaron.
El lugar específico fue un sector llamado «Los Tordos» o «El Campito», LRD en la jerga de los represores, que indicaba que era un campo de concentración, por donde pasaron varias víctimas, y un centro de torturas. Los torturadores tenían apodos como «escorpio», «gordo» o «padre francisco», entre otros.
La zona 4 abarcaba los partidos bonaerenses de: Escobar, General Sarmiento, General San Martín, Pilar, San Fernando, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López. A partir de mayo de 1976, de acuerdo con unaorden del Comando de Operaciones se suman Exaltación de la Cruz, Zárate y Campana.
Este comando tenía bajo su mando y jurisdicción a las comisarías de la zona y los comisarios recibían instrucciones de Campo de Mayo. De los reos, Alberto Aneto era efectivo de la Comisaría 4ta. de Villa Martelli cuando ocurrieron los hechos. El ex militar, Santiago Omar Riveros, era el Jefe de la Zona 4.
Jorge Osvaldo García, otro ex militar, era director de la Escuela de Infantería, con asiento en Campo de Mayo al producirse los delitos, y estuvo a cargo del área de Vicente López.Horacio Harsich, y César Amadeo Fragni eran oficiales de esa escuela también y participaron en los delitos.
Tres acusados de la causa fallecieron: Clodoveo Arévalo: segundo de García en el área Vicente López y Subdirector de la Escuela de Infantería.Américo Ferreño, titular de la Comisaría 4ta. de Villa Martelli, y Roberto Sánchez Negrete, encargado del traslado de Iris Avellaneda desde el Comando a Olmos.
 
Miserias humanas
Tanto Riveros como García usaron el derecho a dirigirse al tribunal antes de escuchar la sentencia. Trataron de descalificar el juicio y de escudarse en las leyes de obediencia; García pidió el uso del Código de Justicia Militar, mientras que Riveros llegó a calificar de «foránea» (sic) la legislación internacional sobre derechos humanos.
De acuerdo con el fallo, a Riveros le corresponde prisión perpetua y efectiva en una cárcel por el allanamiento ilegal, los robos, el secuestro y las torturas a Iris Avellaneda y el homicidio agravado por alevosía contra Floreal. Después de un día tenso, que comenzó a las 9,30, la sala prorrumpió en vivas y aplausos al escuchar esta sentencia.
A Verplaesten, como coautor plenamente responsable, lo sancionaron con 25 años de prisión, también efectiva en una cárcel, aunque lo absolvieron del allanamiento y robo. García, también como coautor, recibió 18 años de prisión efectiva, por el allanamiento y el robo y los secuestros, y como partícipe primario en los otros delitos.
A Harsich y a Fragni, también como coautores, les aplicaron 8 años de prisión por el allanamiento ilegal, los robos y los secuestros de Iris Avellaneda y su hijo Floreal, pero los absolvieron por los tormentos y el homicidio de «El Negrito». Durante la lectura de la sentencia también el caso de ambos represores se analizó en conjunto.
Al ex policía Aneto, siempre como coautor responsable, la Justicia lo condenó a 14 años de prisión por el allanamiento ilegal, el robo, el secuestro y los tormentos de la mujer y, como partícipe necesario, al niño Floreal, aunque el Tribunal lo absolvió por elhomicidio de «El Negrito».
En el punto 13 del fallo el Tribunal definió los delitos de la causa como «delitos de lesa humanidad» (por lo tanto imprescriptibles), y en el 14 ordenó que «el cumplimiento de las penas impuestas sea llevado a cabo en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal» y en el caso de Verplaesten «de un examen pericial médico y psicológico».

El abogado
En diálogo con Prensa Libre el abogado de la querella, Jorge Brioso, valoró «la correcta apreciación de la prueba» que tuvo el Tribunal y que «los hechos están reconocidos por completo», pero tomó distancia de las intencionalidades de los delitos que imputó el Tribunal.
En esta línea Brioso adelantó a Prensa Libre que la querella apelará las penas, pues considera que todos deben tener reclusión perpetua. El abogado ponderó el juicio en democracia y recordó: «cuando colegas planteaban un Habeas Corpus en los ´70 la duda no era si conseguían condena sino si los harían desaparecer a ellos también».  
Luego explicó: «Este es el avance. Hoy tenemos una sentencia judicial inobjetable que reconoció los hechos, la cuestión de la calificación y los lapsos de las penas es una cuestión para seguir luchando en el ámbito de la Justicia, de donde nunca se debió salir».

El padre
Floreal Avellaneda, el padre de «El Negrito», recordó: «me vinieron a buscar a mi. Me escapé. Me tirotearon la casa, pero no me imaginé que se iban a llevar de rehenes a mi señora y a mi hijo para torturarlos terriblemente». Avellaneda adelantó que en octubre se iniciarán treinta juicios de hechos ocurridos en Campo de Mayo.
«Seguirán los juicios hasta que se pongan en evidencia las atrocidades cometidas, porque hay mucha gente que todavía no conoce», advirtió Avellaneda y explicó: «es el primer juicio que se le hace al Comando de Institutos, al 1er. Cuerpo de Ejército, y allí se calcula que hubo más de 5.000 desaparecidos, y hasta hoy no se habían juzgado».

La madre
Iris Avellaneda, sobreviviente del secuestro y los tormentos, que presenció el juicio junto a sus otros hijos, Estela y Marcos, se mostró contenta con el fallo aunque no satisfecha, y señaló: «les dieron una condena bastante ejemplar, yo esperaba más para Aneto porque nos torturó a los dos (a ella y a su hijo)».

La última aberración
La madre de Floreal reveló que, tras la apelación, la familia Avellaneda se dispone a encontrar el cuerpo de El Negrito, y relató: «en 1979 fueron militares argentinos a Uruguay y se robaron varios cadáveres, entre ellos el del Negrito, esto nos dijo un empleado del Cementerio Norte».
La sobreviviente del campo de concentración El Campito de Campo de Mayo continuó: «Nos dijeron que ponían el cuerpo en un tubular. Mentira. Desapareció. Una vez que encontremos el cuerpo del Negrito ahí vamos a estar tranquilos porque habremos cumplido con él. No fue en vano la lucha de 33 años por los 30.000 desaparecidos».
Para el abogado Brioso «el debate sobre derechos humanos está más actual que nunca cuando ha vuelto como un fantasma el golpe en Honduras. Es de estricta actualidad que se de una señal como ésta, desde la Justicia argentina, de que los actos aberrantes nunca quedarán impunes».  
Durante la lectura de la sentencia estuvo presente el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, reconocido jurista y docente, un hombre que sufrió en carne propia la persecución política. En la calle cientos de personas siguieron la larga jornada y a la salida vivaron a los Avellaneda.

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agosto 14, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , | Deja un comentario